Desayuno de Socios

Jueves 29 de Julio | Buenos Aires | 2010

Tema: "el 82% móvil".
Expositor invitado: Daniel Sticco, Economista, UADE. Editor de Economía de Infobae.com. Director del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la UCES. Asesor del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Columnista de Economia, Sin Saco y Sin Corbata, AM 1070 Radio El Mundo.

Con la coordinación y moderación de Ernesto Rey.

Creo que sí es factible pagar el 82% móvil. Todo es cuestión de prioridades.
Tenemos una restricción fenomenal: la disponibilidad de información, en este caso en la Anses. El único recurso que nos queda son los discursos de los funcionarios y de algún economista que haya pasado por el Anses, pero que también se ha desactualizado.
En los últimos años se incorporaron 2,4 millones de jubilados que no habían aportado. Y eso indica que en los últimos dos años hubo recursos para jubilar a esa cantidad de personas.
La prioridad hubiera sido arreglar a los aportantes, y financiar a los demás con recursos de acción social, no a cargo del sistema previsional. Y sí de rentas generales.
A mayo de 2010, en la Argentina había 5,3 millones de jubilados. De los cuales el 80% cobraba la jubilación mínima y el 20% tenía ingresos superiores a la mínima –siempre en valores promedio.
El 20% está ganando, en promedio, $ 2.212.
Llevar el actual haber mínimo de $ 10.500 al 82% del salario mínimo de $ 1.500 –que hoy es el equivalente al 60% y que la presidenta lo va a llevar desde septiembre al 70%-, llevarlo a $ 1.230 da un costo anualizado de $ 17.500 millones.
Hasta ayer, la presidenta y sus funcionarios calificaban a esta opción como “obscena”. Pero hoy confiesan que tienen disponibles $ 14.300 millones.
El gobierno está reconociendo que la plata está.
Hay 2,3 millones de jubilados que no han hecho aportes, que han trabajado en negro o no han trabajado, y que deberían ser pagados con rentas generales.
Para lo que le conviene, el gobierno dice que el crecimiento económico es “explosivo”. Y cuando le conviene dice que estamos en “emergencia”.
Dar el 82% móvil a los jubilados que han aportado sumaría sólo 7.000 millones de pesos. La mitad del importe anunciado por la presidenta.
Si la plata que hoy se llevan los jubilados beneficiados por la moratoria se hubiera aplicado a modificar el haber de los jubilados genuinos, la relación superaría largamente el 82% y se acercaría al 57% del salario promedio registrado del sector privado.
Quiere decir que la plata estuvo. Pero se prefirió acrecentar enormemente la masa de jubilados. Y esa relación se tornó imposible.
Y los jubilados que hoy reciben $ 2.200 estarían recibiendo $ 3.300. Y la mínima superaría los $ 1.600.
Estaríamos claramente mejor.
Esto pasó apenas en los últimos dos años.
Este capricho de jubilar a gente que no había hecho aportes desestabilizó todas las relaciones posibles.
Hoy tenemos 15 millones de trabajadores urbanos, de los cuales aportan sólo 7,4 millones.
Jubilados: 5,3 millones. Jubilados genuinos: 2.940.000.
La relación aportante por jubilado bajó a 1,40%. Llegar en estas condiciones al 82% móvil es imposible. Pero antes de la irrupción de los “nuevos jubilados”, la relación aportante/jubilado genuino estaba en 2,52. Llegaríamos al 65%: la cosa habría cambiado radicalmente.
No es sostenible que en la Argentina aporte sólo la mitad de los trabajadores en actividad.
Hoy hay más de dos trabajadores por aportante. Y hay 2,9 trabajadores por jubilado. Y hay 5,2 trabajadores urbanos por cada jubilado.
El problema previsional existe y es grave. Pero tenemos margen para hacer políticas activas en materia social, previsional, para que esta relación se recomponga.
El gobierno nacional hace un Presupuesto totalmente “dibujado”, que no tiene nada que ver con la realidad. Estaban largamente subestimada la tasa de inflación, la actividad económica, etc. Lo cierto es que hoy estamos con una proyección de aumento de la recaudación por sobre lo presupuestado, de $ 56.000 millones.
Si hubiera cumplido con el Presupuesto, ese dinero estaría disponible para las necesidades básicas no contempladas en él. Esa masa de recursos bien podría haber sido dirigida en un porcentaje a mejorar la situación de los jubilados.
Solamente elevar la mínima de $ 895 a $ 1.230 tiene un costo equivalente mensual de $ 1.300 millones. Bien lo podría haber aplicado con el 30% del exceso de recaudación.
Por sentencias judiciales se está pagando un promedio de $ 2.000 a $ 2.500 millones por mes. Pero los jubilados sólo reciben entre $ 1.400 y $ 1.600 millones, porque al resto se lo lleva la “industria del juicio”.
Frenando los juicios, el Estado tendría además un excedente.
Insisto con las prioridades. Hay decisiones políticas, por parte del gobierno, no económicas.
Los recursos tributarios estuvieron creciendo en mayo a un ritmo del 49% anual. En tanto, la masa salarial del sector público está creciendo al 40%.
En el último año el gobierno ha estado aumentando los salarios jerárquicos entre un 40 y un 60%. Gente que estaba ganando $ 15.000 pasó a ganar $ 22.000.
La actual reactivación no es generadora de empleo, por lo menos hasta el momento.
Si tenemos la prioridad de seguir mejorando el ingreso de los amigos, de los trabajadores del petróleo, de los camioneros, es obvio que el mejoramiento del pago a los jubilados es inviable.
Es una cuestión de poder. De otro modo no se explica por qué no se le da prioridad al mejoramiento del pago a jubilados.
La plata está.

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